18/11/2009

"Miramos dentro de la cárcel y vemos gente pobre"

"Miramos dentro de la cárcel y vemos gente pobre. Encerramos a jóvenes desaventajados de los suburbios sin instrucción ni capacitación laboral". La descripción corresponde a Alfredo Pérez Galimberti, defensor jefe de la provincia de Chubut que vino a Rosario a hablar sobre un dato que hoy nadie pone en duda: la selectividad del sistema penal. Mientras los clientes de los tribunales son siempre los mismos, señala, "hay sujetos a quienes el sistema no apunta. Los CEO, los altos ejecutivos y las compañías financieras no van a pagar por la crisis. No hay ley penal para ellos".
El funcionario disertó la semana pasada en el congreso de Derecho Procesal Penal en un panel sobre justicia penal y exclusión social. Fue uno de los impulsores de la reforma procesal que tres años atrás inició la provincia de Chubut, similar a la que comienza ahora en el fuero penal santafesino. Es adjunto del defensor general de la provincia y conoció la máquina de juzgar desde distintos engranajes: fue fiscal, juez de Instrucción y de Sentencia.
 

—Santa Fe está ingresando a un proceso de cambio de su sistema penal. ¿Basta la reforma para que no se juzgue siempre a los mismos?
 

—No, en absoluto basta. Tenemos que pensar que en Argentina la cuarta parte de los jóvenes son inviables: no estudian, no trabajan y no van a tener seguridad social. Si no construimos políticas públicas para esto, no hay manera de controlar la conducta desviada. Ahora bien, ¿trabajar en el enjuiciamiento carece de sentido? No, porque cada uno debe hacer su parte. Si el sistema penal es opaco y sin publicidad hay que trabajar para que sea rápido y disminuir la cantidad de gente en prisión preventiva, lo que genera una ventaja cualitativa importante. Pero que nadie piense que va a modificar la desigualdad estructural. Para eso hace falta un conjunto de políticas públicas.
 

—¿Se están implementando estrategias en Chubut para reducir este efecto de selectividad?
 

—Implementamos salidas alternativas. La salida del proceso penal en la idea de la máquina fordista es la cinta de transmisión: empieza por poner el chasis y las ruedas y así va produciendo hasta que llega a la sentencia. Esto es carísimo y carece de sentido darle la misma respuesta a todos los conflictos. No tiene nada que ver la violencia doméstica con el robo de autos o una defraudación bancaria. Hay conflictos que deberían ser solucionados por otros mecanismos menos rigurosos. La conciliación, la reparación, escuchar a la víctima es importantísimo para sacar una gran cantidad de casos de la línea de Ford. De los casos que ingresan a la oficina judicial de Esquel, el 60% se resuelven por salidas alternativas.
 

—¿Y esto en qué contribuye a evitar que la penalización alcance a un mismo sector social?
 

—El efecto concreto es que cada vez que una persona es puesta en prisión preventiva entra en contacto con una sociedad criminal. De manera que es pésimo poner en prisión a gente por delitos de baja lesividad. Si logramos no encarcelarlo en esos episodios, evitamos que forme parte de esa sociedad criminal.
 

—¿La selectividad es sólo responsabilidad del sistema penal o también la sociedad es responsable cuando reclama mano dura contra un sector específico de la población?
 

—El delito que molesta a la sociedad es el delito grosero: el homicidio, el abuso sexual, el robo. Pero también existe el delito de cuello blanco. Si yo vendo zapatos y logro abaratar mi producto aunque sea ilícito, otros van a hacer lo mismo para no perder la posición en el mercado. Porque así es el mundo de los negocios, aunque seamos padres de familia correctos.
 

—Pero esto no es percibido como delito.
 

—Eso es percibido como una conducta comercial incluso lícita y razonable. La criminología en un momento se empezó a preguntar quién hace las leyes: los que juegan al golf con los bancarios. Y los jueces que las aplican están también ahí. La ley está hecha para que no se cumpla: es más fácil perseguir a los pobres que a la criminalidad organizada y los mercados del delito. En Argentina hace diez años que tenemos una ley de lavado de dinero y no hay una sola condena. En muchos años no tuvimos una sola condena por evasión impositiva. La enorme masa de dinero que es detraída del Estado, que podría operar sobre ella para brindar seguridad social, desaparece. Esta mala junta entre el dinero y el poder que detrae dineros en beneficio de unos pocos genera exclusión y desigualdad social. Por eso no se debe pensar la seguridad como una cosa autónoma y desconectada del problema de exclusión. Queremos un sistema penal más eficiente, pero esto no debe traducirse —como en Chile— en el doble de encarcelamiento. Queremos más transparencia, pero no acentuar la selectividad ni que el sistema penal se convierta en la panacea porque no resuelve los problemas sociales.
 

EFECTOS DEL CAMBIO DEL SISTEMA PENAL EN CHUBUT
 

El 1º de noviembre de 2006 la provincia de Chubut inició un cambio en el sistema de enjuiciamiento similar al que se proyecta en Santa Fe: de un sistema inquisitivo a uno acusatorio, del juicio escrito al oral. A tres años de esa experiencia, el especialista Alfredo Pérez Galimberti observa que se trata de un proceso "dinámico, con avances y derrotas". La tasa de personas presas con condena (en Santa Fe la mayoría de los presos está en prisión preventiva) es del 50 por ciento en la provincia y de un 80 por ciento en Esquel, que ingresó antes a la reforma. Estos son los principales cambios que experimentaron algunos actores del sistema:
 

▪  Policía:  "El primer cambio que tuvo que hacer la policía fue darse cuenta de que la persona detenida iba a estar inmediatamente en presencia de un juez. Porque este es un proceso por audiencias. Esto significó que se retrajeran medidas ilegales como golpear a las personas". En cuanto a la calidad de la prueba, "se trabajó en capacitar sobre la espectacularidad del juicio. Los policías no están pensando en cómo hacer un acta sino que van a tener que ir a un tribunal y contar cómo encontraron la evidencia. Esto modifica muchas prácticas".
 

▪  Defensa pública:  una oficina atiende cuestiones civiles y otra penales. Trabajan como grandes estudios jurídicos. Cuando se requieren abogados por vacantes son contratados de un listado del colegio profesional. Existe un "defensor de nuevos derechos" que gestiona el acceso a vivienda, salud y educación de grupos sociales.
 

▪  Jueces:  "Compraron el nuevo sistema y comprendieron que no perdían poder. Porque ellos tienen el poder de inscribir finalmente la verdad. Comprendieron que es falso que tengan que ponerse el interés social en la espalda. Si hacemos una encuesta la gente va a votar que al acusado lo condenen. Pero el juez sólo responde ante la verdad. Si es necesario, le dice a la población: «No les entrego a este hombre porque no me han demostrado verdaderamente que es el culpable»".

Por: María Laura Cicerchia
Fuente: La Capital de Rosario