El INECIP cuenta con tres áreas de trabajo:
Desde allí se desarrollan proyectos que articulan acciones de investigación, con acciones de sensibilización, incidencia y asistencia técnica para la planificación, implementación y evaluación de políticas públicas del sector justicia y seguridad, procurando contribuir al fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho, y asegurando el pleno respeto de los DDHH, el control republicano, la participación ciudadana y la transparencia.
Reforma y Democratización de la Justicia
Entre las principales actividades del área se destacan: la elaboración de programas nacionales de reforma y de políticas para el sector justicia; la reforma de la legislación, integrando y desarrollando en el derecho interno los textos internacionales en materia de Derechos Humanos; la modernización de los sistemas de administración de tribunales (políticas presupuestarias, de recursos humanos y gestión de información); la profundización del acceso a la justicia; la promoción de proyectos de participación ciudadana en la administración de justicia y el apoyo a ONGs para la elaboración de estrategias de intervención en el sector justicia, entre otras.
Con el fin de lograr los objetivos señalados, se realiza un análisis constante de los sistemas penales y procesales penales en América Latina, a fin de evidenciar falencias y estudiar alternativas concretas que permitan superar la situación actual
Cárceles y Política Penitenciaria
El objetivo del área es promover reformas que aseguren un sistema carcelario y de ejecución de las penas compatible con los pilares de un estado democrático y de derecho. Ello a partir de reformas legislativas, institucionales y de políticas, con énfasis en cuestiones como: la prisión preventiva, las condiciones de detención, la violencia institucional, la defensa de los privados de libertad, y el control legal, institucional y ciudadano sobre las políticas penitenciarias, entre otras.
Política Criminal
El objetivo del área es construir las bases de un nuevo análisis político criminal. Pese a su importancia para la vida social y política, casi no existe otro campo de las políticas públicas donde el debate sea tan tosco, y la ausencia de construcciones racionales para orientar esas políticas, más evidente. Es por ello que creemos imprescindible avanzar en la elaboración de nuevos enfoques desde una perspectiva democrática e inclusiva, lejos de los discursos autoritarios que suelen predominar en el sector.
Para alcanzar estos objetivos el instituto trabaja en el análisis de los nuevos problemas de política criminal, la innovación de métodos para su abordaje y los desafíos institucionales que conlleva el ejercicio del poder punitivo desde bases democráticas. En los últimos años, estos estudios y ejercicios se han concentrado en temas tales como control de armas de fuego, desarme y prevención de la violencia; persecución de la criminalidad económica y, más recientemente, trata de personas.